martes, 7 de abril de 2009

G-20 ¿Acierto o fracaso?

La última cumbre del G-20 me ha dejado un fuerte “sabor agridulce”.

Es evidente que los líderes mundiales están obligados a generar mensajes que fomenten buenas expectativas. No hay que restar importancia a muchos acuerdos que se han decidido –algunos quizá históricos- pero la verdad, es que medidas a corto plazo para afrontar la crisis en estos momentos, no se ha adoptado ni tan siquiera una.
Un objetivo del presidente Obama era que Europa adoptase un papel más claro y enérgico en el campo de los incentivos fiscales. Es decir, aquellos que, de manera inmediata, son necesarios para reanimar a la demanda en la economía. Pues bien, no ha habido ningún acuerdo en ese sentido. Es indudable, que sin arreglar -¿si es posible?- los problemas del sistema financiero, no puede funcionar correctamente la economía real, pero no es menos cierto que, con la que está cayendo, también hay que adoptar a corto plazo, soluciones que ayuden a la recuperación económica. Salvo que se confíe que sea el mercado el que por sí sólo lo va solucionar.
Lo más destacado de la cumbre del G-20 de primeros de abril es que ha tratado de alumbrar un nuevo sistema financiero. La cumbre, que ha tenido un enorme repercusión mediática, tiene sus luces y sombras.
Entre las medidas más importantes, destaca la preocupación de los mandatarios de las economías ricas y emergentes asistentes, por la extensión de la crisis financiera a áreas como Europa oriental, América Latina o el sudeste asiático, que hace unos pocos meses aún crecían a buen ritmo. A estas economías emergentes se concederán préstamos en base al multimillonario paquete aprobado, que suma 1,1 billones de dólares (820.000 millones de euros).
No se ha aprobado una segunda ronda de incentivos públicos para reactivar las economías del G-20 y, singularmente, la de los países avanzados, como el que se acordó en la pasada cumbre de Washington. Se trataba de un asunto prioritario en la agenda del presidente Obama, respaldado por el primer ministro japonés, Taro Aso, y por el británico Gordon Brown. Se ha dado a entender que no se cierra la puerta a nuevos estímulos fiscales en 2010, tal y como pide el Fondo Monetario Internacional. "El FMI analizará las medidas y elaborará un informe para la próxima reunión. Y, si es necesario, cada país hará lo necesario para recuperar su economía". La decisión sobre nuevos planes fiscales en el G-20 queda postergada así a septiembre, en Nueva York, donde se celebrará la tercera cumbre al máximo nivel. Es decir que ¡si es necesario! En septiembre lo pensarán… ¡realmente es increíble!
Se acordó publicar una lista negra de paraísos fiscales y un arsenal de posibles sanciones para el caso de que no acepten intercambiar información. Se obligará a los grandes fondos de alto riesgo (hedge funds) a registrarse e informar sobre sus operaciones a los supervisores de cada país. Y al fijar los sueldos de los ejecutivos del sector deberán seguirse códigos de buenas prácticas para evitar una recompensa por decisiones arriesgadas. Si el supervisor comprueba que no se han seguido esas guías, podrá obligar a las entidades a reservar más capital para hacer frente a las consecuencias.
Entre las normas que se han de elaborar, deberán incluirse requerimientos de capital más amplios, la extensión de provisiones anticíclicas como las establecidas por el Banco de España o la obligación de incluir en los balances bancarios una parte de las deudas que se titulizan. También se exigirá el registro de las agencias de calificación de riesgos, que estarán sometidas a supervisión. Hay un compromiso de evitar "conflictos de intereses", aunque no se prohíbe por ahora que estas agencias puedan asesorar a entidades financieras sobre la emisión de títulos que luego ellas mismas han de calificar.
Un gran protagonista ha sido el Fondo Monetario Internacional (FMI), que aunque venía jugando en los últimos años un papel marginal, ha recuperado una posición decisiva en la solución de la crisis actual, que se extiende a toda velocidad a los países en desarrollo, castigados por la retirada de capitales desde las economías avanzadas. Los gobiernos del G-20 decidieron triplicar la capacidad de préstamo del Fondo, con una inyección de 500.000 millones de dólares (370.000 millones de euros). Casi la mitad se captarán de forma inmediata, vía créditos de Japón (100.000 millones de dólares ya concedidos), la UE (otros 100.000 millones) y China (40.000 millones). El resto de aportaciones se decidirá en la próxima asamblea del Fondo, prevista para finales de este mes.
Igualmente, el G-20 aprobó una emisión extraordinaria de derechos especiales de giro (DEG), -el activo de reserva del FMI-, por valor de 250.000 millones de dólares (185.000 millones de euros). La emisión se repartirá entre los países en función de sus cuotas en el Fondo: los emergentes captarán unos 80.000 millones de dólares, mientras los pobres recibirán 20.000 millones, en una operación que supone, en suma, la creación artificial de divisas internacionales.
La cumbre completó su paquete de financiación a las economías pobres con la decisión de aumentar en 100.000 millones de dólares la capacidad de préstamo del Banco Mundial y el compromiso de facilitar que fluyan otros 250.000 millones en préstamos a la exportación, una de las actividades más comprometidas en estos países por el estrangulamiento del crédito.
Finalmente, tras bastantes resistencias por parte de los países emergentes, se decidió que fuera la propia OCDE la que publicara una lista de las plazas financieras que se escudan en el secreto bancario para no facilitar información a otros países. Esta lista debía ser aceptada por todo el G-20. Además, se concedió a los países emergentes unos meses de prórroga (hasta finales de 2009) para que eviten el uso abusivo del secreto bancario en sus plazas financieras (Macao o Hong Kong en territorio chino) y se ajusten a los estándares internacionales. Rápidamente la lista ha sido publicada por la OCDE, con tres categorías distintas según el grado de opacidad de estas plazas financieras. Los países que no colaboran con las autoridades fiscales ni se han comprometido a adoptar las normas internacionales en la materia son Uruguay, Costa Rica, Malasia y Filipinas.
Tras esta lista negra, hay dos listas grises, las de países que se han comprometido a cooperar, pero que por ahora apenas lo hacen. En una de ellas se señala a los considerados paraísos fiscales, 30 jurisdicciones entre las que se incluye a Andorra, Gibraltar, Liechtenstein, Barbados, Liberia, Bahamas, Bahrein, Belize, Bermudas, Islas Caimán, Mónaco, Panamá y Holanda. Por separado se señala a otros ocho centros financieros no cooperativos que no son propiamente paraísos fiscales: Austria, Bélgica, Brunei, Chile, Guatemala, Luxemburgo, Singapur y Suiza.
El acuerdo del G-20 remite a un conjunto de sanciones que los asistentes se comprometen a poner en marcha, si estas plazas financieras no reconsideran de forma urgente su rechazo a intercambiar información.
Entre esas medidas, se incluye la obligación de que las empresas y entidades financieras informen de que tienen operaciones con estos paraísos fiscales, la aplicación de impuestos para penalizar cualquier tipo de intercambio con estos países o que los organismos multilaterales y los programas de ayuda bilateral tengan en cuenta si hay un uso abusivo del secreto bancario al tomar decisiones sobre dónde invertir. La realidad, es que parece muy complicado que estas amenazas se conviertan en decisiones este mismo año.
En el comunicado del G-20 se aumentan las competencias del Foro de Estabilidad Financiera, rebautizado como Consejo, para coordinar nuevas normas de regulación, mucho más estrictas, sobre el sector financiero.
Sin embargo no se dice nada de las negociaciones para liberalizar el comercio, tras el fracaso de la Ronda de Doha celebrada en Washington hace cinco meses. El comunicado final retoma la apuesta, aunque evita esta vez fijar un plazo. La seriedad del intento podrá medirse en la próxima cumbre del G-7, el club de los países más ricos, que están citados en verano en la isla italiana de Cerdeña.

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